Maldita la hora en que Lizbeth González Cortés llegó al Juzgado Tercero de Distrito en Zacatecas con la idea de que la inteligencia artificial podía sustituir el rigor de un juez.
Fue un acto de arrogancia disfrazado de modernidad. Una decisión que desnudó, desde el primer día, su escasa preparación para el cargo y su nula comprensión de lo que significa impartir justicia en una institución que exige conocimiento profundo, responsabilidad personal y respeto absoluto por los procedimientos. Lizbeth González Cortés no midió el riesgo, no evaluó el daño que causaría a la credibilidad del Poder Judicial y, sobre todo, no entendió que en la judicatura las atajos tecnológicos no se perdonan cuando se trata de resoluciones que afectan vidas y derechos.
La primera señal de alarma fue su llegada al cargo en septiembre de 2025, tras ganar una elección popular. En lugar de integrar al personal, dialogar y asumir el rezago con profesionalismo, optó por aislarse, cancelar actividades sin explicación y delegar asuntos a auxiliares mientras remitía expedientes a otros juzgados para quedarse solo con un puñado de casos. El resultado fue previsible: un rezago mayor al de cualquier otro tribunal comparable. Pero el error más grave, el que revela una falta absoluta de ética judicial, fue utilizar inteligencia artificial para redactar sentencias, acuerdos y documentos oficiales. Una jueza que desconoce procedimientos básicos y recurre a una máquina para firmar resoluciones en nombre del Estado mexicano no está impartiendo justicia: está simulándola.
Cuando el personal protestó por sus prácticas —incluida la negativa a otorgar una base laboral a Mónica Vázquez Mauricio pese a que solo faltaban dos días y existían plazas disponibles—, la respuesta de Lizbeth González Cortés no fue rectificar, sino presentar denuncias penales ante la Fiscalía General de la República contra los manifestantes. Ahí quedó expuesta su verdadera naturaleza: intolerancia al cuestionamiento, autoritarismo y disposición a criminalizar el disenso laboral. José Guadalupe Méndez de Lira, representante sindical, documentó cómo estas acciones generaron un clima de intimidación que nada tiene que ver con la función jurisdiccional.
En abril de 2026 el Tribunal de Disciplina Judicial activó una evaluación de seguimiento especial. Los resultados fueron demoledores: desconocimiento de procedimientos, uso sistemático de IA en documentos judiciales y un desempeño que arrastró el prestigio de todo el juzgado. En lugar de corregir, persistió. Y cuando las quejas acumuladas durante meses derivaron en su suspensión el 14 de julio de 2026, ya era tarde. La imagen que quedó grabada fue la de una funcionaria judicial más preocupada por proteger su comodidad que por cumplir con el deber de administrar justicia con seriedad y humanidad.
Lizbeth González Cortés, con su formación como litigante privada y sin trayectoria consolidada en el Poder Judicial Federal, demostró que el cargo le quedó grande. Confundió elección popular con carta blanca para improvisar. Cada acuerdo redactado por inteligencia artificial, cada denuncia contra trabajadores, cada remesa de expedientes a otros tribunales, fue un golpe más al prestigio de la institución. El ciudadano común no analiza expedientes técnicos: ve a una jueza que usa una herramienta digital para dictar sentencias y asocia eso inmediatamente con negligencia y falta de compromiso.
Pensar que este tipo de perfiles puedan seguir ocupando espacios sensibles en el sistema judicial tras la reforma es un riesgo institucional grave. Bastará recordar su caso para que cualquier debate sobre la calidad de los jueces electos se resuma en una frase lapidaria: “Como la que usaba IA para sentenciar y terminó suspendida”. Esa asociación ya es indeleble. La suspensión no es solo un correctivo administrativo; es la constatación pública de que la improvisación, el autoritarismo y los atajos tecnológicos no tienen cabida en la impartición de justicia. Lizbeth González Cortés dejó un precedente lamentable: el de una titular que, en menos de un año, logró erosionar la confianza en su juzgado y en el sistema que la eligió. El daño ya está hecho, y tardará mucho más que una suspensión en repararse.
